Por: Licdo Endy Jhoan Rosa
Politólogo y analista político
En un país donde el discurso oficial insiste en la austeridad, el control del gasto y el “primero la gente”, las investigaciones de Nuria Piera han vuelto a poner el dedo en la llaga. Dos instituciones que deberían ser emblema de protección social —el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE) y el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE)— aparecen envueltas en un patrón preocupante: recursos millonarios mal ejecutados, decisiones que castigan a los más frágiles y un manejo que olvida que el Estado no es botín.
Empecemos por CONAPE. El presupuesto 2026 supera los RD$2,184 millones. De ellos, más de RD$128 millones están asignados a la compra de alimentos para adultos mayores. Al 31 de julio, apenas se habían ejecutado unos RD$297 mil: el 0.23 %. Mientras tanto, una resolución firmada por el propio director ejecutivo, Demetrio Vicente Ureña, cambió la frecuencia de las raciones: de una funda mensual a una sola entrega al año. Miles de envejecientes con raciones ya aprobadas (más de 38 mil) y decenas de miles en lista de espera siguen esperando. Familias que no alcanzan para los medicamentos básicos de sus mayores ven cómo el Estado juega con la comida de quienes ya le entregaron su vida productiva.
Y en medio de esa “escasez”, el mismo CONAPE impulsaba la compra de una flotilla de vehículos que incluía jeepetas con llave inteligente y pantalla táctil destinadas a directivos, por un monto cercano a los RD$45.5 millones. Contrataciones Públicas tuvo que suspender el proceso. La imagen es devastadora: se recorta la ayuda alimentaria a quienes no pueden trabajar ni valerse por sí mismos, mientras se priorizan comodidades institucionales. Las raciones, además, se entregan con frecuencia a través de intermediarios políticos y líderes comunitarios, en jornadas que en algunos lugares (como Samaná) se multiplican de forma sospechosa. El clientelismo se disfraza de asistencia. El programa Familias de Cariño tampoco se salva: aparecen beneficiarios con vínculos familiares a funcionarios cuyos ingresos superan con creces los umbrales de vulnerabilidad.
La reacción del director Ureña fue elocuente. En la entrevista con N Investiga negó primero la existencia del recorte. Cuando le mostraron el documento con su propia firma, abandonó el set. No hubo explicación, no hubo rendición de cuentas, solo la prepotencia de quien no tolera que le cuestionen con evidencia. Ese comportamiento no es un error de comunicación: es una declaración de principios. Quien dirige una institución llamada a proteger a los adultos mayores no puede huir de las preguntas ni tratar de imponer el guion de la entrevista. El presidente de la República debió actuar con contundencia. El PRM, que se presenta como el partido del “primero la gente”, debió tomar distancia inmediata de un funcionario que contradice esa narrativa con hechos. Mantenerlo en el cargo es avalar que la función pública se ejerza con desdén hacia la ciudadanía y hacia la verdad.
El mismo patrón se repite en el INABIE. Allí, empresas de reciente creación, dirigidas por jóvenes de entre 19 y 24 años sin historial crediticio ni experiencia demostrada, acumularon contratos que se acercan a los RD$300 millones para el almuerzo escolar y kits de alimentos. Cocinas que no existían o se instalaban el día de la inspección, descalificaciones revertidas, cambios en los pliegos y denuncias de posibles ventas de adjudicaciones. El programa de alimentación escolar, que debería ser sagrado porque alimenta a los niños, aparece salpicado de irregularidades que erosionan la confianza pública y desvían recursos que podrían mejorar la calidad y la cobertura.
No se trata de criminalizar la juventud ni de negar que nuevas empresas puedan competir. Se trata de exigir que quien maneja cientos de millones de pesos del erario demuestre capacidad real, solvencia y transparencia. Cuando eso no ocurre, y cuando las respuestas institucionales se limitan a formalismos legales en lugar de aclaraciones profundas, el mensaje es claro: el control es laxo cuando conviene y estricto solo cuando toca a los de abajo.
Estos no son casos aislados. Son síntomas de una cultura que todavía ve el presupuesto público como espacio de privilegio y no como herramienta de justicia social. En un país con miles de adultos mayores sin pensión digna, enfermos, abandonados o pidiendo en las calles, y con niños cuya única comida segura del día depende del almuerzo escolar, no hay margen para la frivolidad administrativa ni para el clientelismo disfrazado de ayuda.
El Estado tiene una deuda histórica con quienes ya sirvieron. Protegerlos no es caridad: es obligación. Hacerlo con transparencia, priorizando la necesidad real sobre la conveniencia política y el confort de los funcionarios, es lo mínimo que se puede exigir. Mientras existan jeepetas de lujo para directivos y raciones anuales para los envejecientes, mientras empresas sin trayectoria manejen cientos de millones destinados a niños y mientras los responsables huyan de las preguntas, el discurso de austeridad y de “primero la gente” seguirá sonando a hipocresía.
La ciudadanía, y especialmente los más vulnerables, merecen otra cosa. Exigirla no es oposición: es civismo.
