Por: Endy Jhoan Rosa, Politologo, Analista Politico.
El que roba al pobre no es hombre, es un verdugo” —reza un eco de las Escrituras en Proverbios 22:22-23, que hoy duele más que nunca en nuestra tierra. Como dijo el sabio Blaise Pascal: “La justicia sin fuerza es impotente, pero la fuerza sin justicia es tiránica”. Y en República Dominicana, la justicia lleva décadas siendo impotente ante la fuerza destructora de la corrupción.
Como dominicano que ha visto de cerca el sufrimiento de su gente, escribo estas líneas con el corazón en carne viva, con lagrimas en los ojos me animo a escribir estas palabras.
El caso del Instituto Oncológico Regional del Cibao, destapado por la Operación Onco14, no es un escándalo más. Es una puñalada profunda al alma de una nación que ya sangra por demasiadas heridas. Mientras miles de dominicanos pobres, del Cibao y de todo el país, luchan contra el cáncer en pasillos, con quimioterapias diluidas, con medicamentos falsificados o simplemente inexistentes, un grupo de supuestos “dirigentes” del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer —encabezados por Héctor Antonio Lora Cruceta, su esposa y su exesposa— presuntamente desviaron cientos de millones de pesos del SeNaSa y de fondos públicos destinados a salvar vidas.
Eso no es corrupción. Eso es asesinato con guante blanco. Dividir dosis de quimioterapia para cobrar el doble, falsificar sellos médicos, inflar facturaciones millonarias, colocar decenas de familiares en nómina, triangular importaciones con exoneraciones fiscales y borrar registros digitales al salir… todo eso mientras madres, padres y niños morían antes de tiempo por falta de lo que les habían prometido. ¿Cuántas vidas se acortaron? ¿Cuántas familias quedaron destrozadas para siempre? El Estado dominicano lo sabe, el Ministerio Público lo investiga, pero el pueblo lo siente en la piel: nos han robado la esperanza misma.
Y aquí viene el golpe más duro, el que debe dolernos como nación: este horror no ocurrió en el vacío. Ocurrió bajo la mirada complaciente de un Estado que ha fallado sistemáticamente en su deber sagrado de proteger a los más vulnerables. ¿Dónde estaba la supervisión real del Ministerio de Salud Pública? ¿Dónde la transparencia obligatoria en el manejo de fondos del SeNaSa? ¿Dónde los controles internos, las auditorías independientes y la rendición de cuentas que todo ciudadano honrado exige? En ninguna parte. Porque la falta de transparencia no es un descuido técnico: es una política no escrita que permite que instituciones que manejan la vida y la muerte operen como feudos privados.
El Estado dominicano, con sus gobiernos sucesivos, ha sido cómplice por omisión. Ha permitido que el cáncer de la corrupción se metastatice en los mismos lugares donde se supone que se combate el cáncer físico. Ha mirado para otro lado mientras se privatizaban de facto servicios públicos, mientras se inflaban nóminas con parientes y se usaban exoneraciones fiscales para enriquecimiento personal. Y cuando estalla un caso como este, la respuesta es siempre la misma: medidas de coerción, juicios que se eternizan, posibles preacuerdos y, al final, la impunidad que todos conocemos. Veinte años de prisión que nunca se cumplen. Abogados caros. Influencias políticas. Y los enfermos, muertos y olvidados.
Como joven nativo de un pueblo llamado constanza, lo digo claro y sin rodeos: este sistema está podrido. La democracia dominicana se ha convertido en una farsa cuando los que roban la salud del pueblo caminan libres o con tobilleras electrónicas mientras las víctimas yacen bajo tierra. La poca transparencia institucional, la ausencia de fiscalización efectiva y la cultura de la impunidad han convertido al Estado en un facilitador de la tragedia. No es que no haya leyes; es que no hay voluntad real de aplicarlas con toda su fuerza contra los poderosos.
Por eso, como ciudadano que le duele su país, exijo que este caso sea el detonante definitivo. Es hora de reformar el Código Penal y establecer la pena capital para los delitos de corrupción grave en salud pública, educación y fondos destinados a los más vulnerables de la nacion, cuando estos resulten en muertes evitables o sufrimiento masivo. No es barbarie, es justicia proporcional. Un sicario de barrio recibe cadena perpetua por quitar una vida. Estos verdugos institucionales quitan cientos y siguen viviendo cómodamente.
¿Dónde está la equidad? ¿Dónde está la protección al débil?
La ciudadanía dominicana debe levantarse con furia moral. Basta de tolerar que nos roben mientras sufrimos. Basta de discursos vacíos sobre “lucha contra la corrupción” mientras los hospitales oncológicos se convierten en minas de oro para unos pocos. Exijamos transparencia total: auditorías anuales obligatorias publicadas en tiempo real, inhabilitación perpetua para corruptos, confiscación de bienes y, sí, la pena máxima para quienes demuestren que su avaricia vale más que la vida de un compatriota enfermo.
Este no es un problema técnico. Es un problema moral y político de fondo. El Oncológico de Santiago nos grita que seguimos siendo un país donde el poderoso puede matar lentamente al pobre sin consecuencias reales. Si no reaccionamos ahora, con dureza y sin piedad para los culpables, seguiremos enterrando a nuestros hermanos mientras los ladrones de esperanza brindan con nuestro dinero y son tan descarados que salen hacer campaña con los recursos de las quimioterapia de sus propios vecinos.
Dominicano, despierta aun tenermos tiempo. Este dolor debe transformarse en exigencia. Por los que ya no están. Por los que luchan hoy en un pasillo. Por los hijos que merecen un país donde la salud no sea un negocio de criminales. La pena capital no resuelve todo, pero envía un mensaje que ya no podemos postergar: quien robe la vida del pueblo, perderá la suya.
Es hora de elegir entre la justicia verdadera o la complicidad eterna. Yo elijo al pueblo. ¿Y tú?
