por Endy Jhoan Rosa
En la República Dominicana, pocas instituciones tocan tan de cerca la vida de la gente como el Seguro Nacional de Salud (SENASA). No hablamos de un ministerio abstracto ni de una oficina con trámites burocráticos: hablamos de la puerta de acceso a medicamentos, tratamientos y servicios médicos para millones de dominicanos, en especial los más pobres y vulnerables. Por eso, cuando el nombre de SENASA aparece en medio de un escándalo, no se trata de un simple rumor político: se trata de una amenaza directa a la salud pública y, en consecuencia, a la legitimidad del propio Estado.
Desde hace meses, distintos sectores han denunciado atrasos en los pagos a prestadores de servicios de salud, irregularidades en contrataciones y un creciente déficit financiero. Lo que en un principio se quiso disimular como problemas administrativos pronto se convirtió en un clamor público: clínicas privadas que reclamaban pagos pendientes, farmacias que no recibían reembolsos y ciudadanos que empezaban a sentir en carne propia los efectos del desorden. El silencio inicial de las autoridades no hizo más que alimentar la sospecha de que algo más profundo estaba ocurriendo.
La respuesta oficial llegó tarde y a trompicones. Primero, con declaraciones defensivas que pretendían minimizar las denuncias. Luego, con la destitución del director de SENASA y el anuncio de auditorías para los períodos 2017–2019 y 2023–2024. Más tarde, el caso pasó a la Procuraduría, que abrió indagatorias tras la presión de la opinión pública. El patrón se repite: en nuestro país, los mecanismos de control no actúan de manera preventiva, sino reactiva. Solo cuando la indignación ciudadana estalla en los medios, el Estado decide mover un dedo.
El problema no es menor. SENASA es, en muchos sentidos, el rostro social del Estado dominicano. Allí se define si la promesa constitucional del derecho a la salud es real o si queda en letra muerta. Cada retraso en los pagos significa una cirugía pospuesta, un examen suspendido o una medicina que no llega a tiempo. No se trata de cifras frías, sino de vidas humanas. Y esa es la razón por la cual este escándalo no debe ser tratado como un expediente más, sino como un caso de seguridad nacional en términos sociales.
La indignación popular está más que justificada. El pueblo no se indigna solo porque se hable de corrupción, sino porque se juega con lo más sagrado: la vida y la salud de sus familias. Cuando una madre no consigue que su hijo reciba la atención médica que necesita, no piensa en tecnicismos de auditorías: piensa que el Estado la ha abandonado. Y cuando esa percepción se multiplica en miles de hogares, lo que se erosiona no es solo la confianza en SENASA, sino la legitimidad de todo el sistema político.
Este caso deja al descubierto tres problemas estructurales que deben ser enfrentados con urgencia. Primero, la falta de transparencia: los informes financieros de SENASA debieron estar disponibles y claros mucho antes de que estallara la crisis. Segundo, la debilidad de los controles internos: si las auditorías de la Cámara de Cuentas hubiesen sido oportunas, probablemente se habrían detectado irregularidades a tiempo. Y tercero, la dependencia excesiva del Ministerio Público de la presión mediática: la justicia no puede actuar como bombero que solo aparece cuando el incendio está fuera de control.
El Estado dominicano tiene que entender que instituciones como SENASA no pueden ser administradas bajo la lógica del clientelismo político. No son botines para repartir, sino garantes de derechos fundamentales. La salud pública no admite improvisaciones. Si la corrupción logra penetrar en un espacio tan delicado, el costo no se mide en dinero perdido, sino en vidas deterioradas.
Hoy más que nunca se necesita una transformación profunda. Transparencia en tiempo real, controles rigurosos, sanciones ejemplares y un compromiso político que supere la indiferencia. El pueblo no pide favores: exige que lo público sea gestionado con decencia, eficiencia y responsabilidad.
La lección es clara: la salud de SENASA es la salud de la democracia dominicana. Si permitimos que la corrupción enferme el sistema de seguridad social, lo que ponemos en riesgo no es solo un seguro médico, sino la confianza en el Estado mismo. Y cuando la gente pierde esa confianza, no hay discurso que cure la herida.
