Por: Endy J. Rosa
En los últimos meses, el sector energético ha vuelto a dominar el debate público en la República Dominicana. No por avances tecnológicos ni por grandes reformas estructurales, sino por una realidad que afecta a miles de hogares y negocios: apagones frecuentes, interrupciones diarias y una incertidumbre que se ha convertido en rutina.
En barrios y comunidades de todo el país, la electricidad falla tres o cuatro veces al día, alterando la vida familiar, reduciendo la productividad y elevando los costos de subsistencia en una nación que aspira a ser líder económico en la región. A esto se suman los blackouts masivos recientes: uno en noviembre de 2025, originado en un error humano en una subestación de San Pedro de Macorís, y otro el 23 de febrero de 2026, atribuido a una falla en la línea de 138 kV Hainamosa-Villa Duarte y a una explosión asociada. Aunque las autoridades han anunciado investigaciones, la falta de explicaciones detalladas y de rendición de cuentas genera desconfianza. El sistema eléctrico, pilar de la economía y la calidad de vida, sigue mostrando vulnerabilidades estructurales: exceso de generación solar sin suficiente inversión en redes de transmisión, falta de mantenimiento preventivo y planificación insuficiente.
La energía no es un lujo; es la base de hospitales, escuelas, comercios, industrias y hogares. Cuando falla, se pierden alimentos en neveras, se encarecen los costos con plantas eléctricas e inversores, y las familias reorganizan su día en torno a un servicio que debería ser continuo y confiable.
En este contexto surge un anuncio que ha generado más dudas que entusiasmo: la posibilidad de exportar energía a Puerto Rico mediante un cable submarino de alta tensión (Proyecto Hostos). En enero de 2026, la administración Trump otorgó el permiso presidencial para este enlace, que cruzaría el Canal de la Mona (unos 160 km) y permitiría transmitir hasta 700 MW hacia la isla vecina a partir de 2031. Se habla de una planta de gas natural en San Pedro de Macorís, inversión privada de unos US$2,500 millones, generación de empleos y abastecimiento para más de 600,000 hogares puertorriqueños. Sobre el papel, representa integración regional, cooperación caribeña y posicionamiento estratégico.
Sin embargo, la pregunta que miles de dominicanos se hacen es ineludible: ¿cómo puede un país planear vender electricidad al exterior cuando no logra garantizar el suministro estable dentro de sus fronteras? La lógica de cualquier política sensata prioriza el abastecimiento interno antes de comprometer excedentes hacia afuera. Anunciar exportaciones mientras comunidades enteras sufren cortes diarios envía una señal contradictoria y refuerza la percepción de que las prioridades están invertidas.
Esto no implica rechazar el rol regional de la República Dominicana. El desarrollo de energías renovables, nuevas plantas de generación firme y la modernización de la red podrían convertir al país en un hub energético del Caribe. Pero ese liderazgo solo será sostenible y creíble cuando los ciudadanos puedan confiar en que la luz no se apagará varias veces al día.
El debate energético necesita hechos, no solo promesas. Urge transparencia total en las investigaciones de los blackouts recientes, claridad sobre la capacidad real del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), mayor inversión en transmisión y mantenimiento, y un compromiso inquebrantable con la estabilidad del servicio para la población.
Porque antes de exportar megavatios, el país debe asegurar algo mucho más elemental: que la luz no falte en casa. La verdadera fortaleza de un sistema energético no se mide solo por lo que produce o vende, sino por su capacidad de permitir que cada dominicano viva, trabaje y se desarrolle sin la incertidumbre diaria de quedarse a oscuras.
