Por: Endy Jhoa Rosa.
El pasado 27 de febrero, el presidente Luis Abinader presentó su rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional. El discurso, extenso y cargado de datos oficiales, resaltó logros acumulados durante su gestión y proyectó un panorama favorable para el futuro. Sin embargo, más allá de las cifras celebradas y los aplausos institucionales, varios aspectos merecen un análisis más profundo y crítico, pues impactan directamente en la realidad cotidiana de los dominicanos.
En materia económica, el mandatario destacó que la economía creció un 2.1% en 2025, según datos del Banco Central. Esta cifra es precisa y ubica al país en línea con el promedio regional, alrededor del 2.2% según el Banco Mundial. No obstante, representa un desempeño inferior a las expectativas iniciales —que rondaban el 2.5% o más— y muy por debajo del dinamismo que la República Dominicana había exhibido en años previos. Un crecimiento de esta magnitud, aunque evita una recesión, no genera el impulso necesario para reducir significativamente la pobreza, mejorar el empleo formal ni aliviar la presión sobre el costo de vida, que sigue afectando a la mayoría de las familias.
El presidente proyectó para 2026 un crecimiento del 4.5%, apoyado en mayor inversión y un entorno favorable. Esta aspiración es encomiable, pero el discurso no detalló con claridad las políticas específicas que la sustentarían: ¿qué reformas estructurales se impulsarán?, ¿cómo se abordarán las limitaciones en infraestructura, competitividad y productividad?, ¿qué medidas concretas corregirán las vulnerabilidades que han frenado la aceleración en los últimos períodos? Sin una hoja de ruta precisa y medible, estas proyecciones corren el riesgo de depender excesivamente de factores externos, en lugar de construirse sobre bases internas sólidas. La ciudadanía merece más que optimismo; requiere compromisos verificables.
Otro punto central fue la deuda pública. El presidente afirmó que la deuda consolidada se situó en 58.5% del PIB al cierre de 2025, manteniendo una trayectoria descendente respecto al 69.1% de diciembre de 2020. Es cierto que el ratio ha mejorado, lo cual refleja disciplina fiscal en un contexto adverso. Sin embargo, el monto absoluto de la deuda no ha disminuido: al contrario, ha seguido aumentando en términos nominales, alcanzando niveles cercanos a los 76,000 millones de dólares en la consolidada, según diversas fuentes oficiales. Esta distinción es fundamental: una reducción porcentual puede coexistir con un endeudamiento creciente en valor real, lo que compromete recursos futuros para inversión social y productiva. La sostenibilidad fiscal no se mide solo en proporciones, sino también en la capacidad real de honrar compromisos sin sacrificar el desarrollo.
En el frente de la lucha contra la corrupción, el discurso fue enfático al referirse al caso Senasa: “Los culpables tendrán encima todo el peso de la ley y tendrán que devolver hasta el último peso robado”. Estas declaraciones transmiten firmeza y han sido bien recibidas por la opinión pública. No obstante, meses después de las denuncias y de la remisión de expedientes a las autoridades, persisten interrogantes legítimas: ¿qué avances concretos hay en los procesos judiciales?, ¿qué montos se han recuperado o están en vía de recuperación?, ¿qué resultados tangibles muestran la instrucción presidencial de crear un equipo especializado para ese fin? La cero tolerancia se demuestra con acciones visibles y resultados medibles, no solo con retórica. La credibilidad de esta lucha depende de que las promesas se traduzcan en hechos irreversibles.
Finalmente, el sector turístico volvió a ser motivo de celebración: más de 11.7 millones de visitantes en 2025, un récord histórico con un crecimiento interanual del 4.3%, y casi 3 millones de cruceristas. Estos números consolidan al país como un destino líder en el Caribe y el segundo en América Latina. Sin embargo, es necesario matizar: la cifra agregada incluye tanto pernoctantes (que generan mayor derrama económica) como cruceristas de paso breve. Para evaluar el impacto real en la economía local, urge mayor transparencia en indicadores complementarios: gasto promedio por visitante, distribución geográfica de los ingresos, beneficios para las mipymes, artesanos y comunidades receptoras. Un récord estadístico es valioso, pero su verdadero éxito se mide en cuánto mejora la calidad de vida de quienes dependen directamente del turismo.
La rendición de cuentas no es un mero trámite protocolar ni una oportunidad exclusiva para destacar avances. Es un ejercicio de transparencia y rendición ante la ciudadanía, donde el gobierno debe explicar no solo lo alcanzado, sino también las limitaciones, los incumplimientos y los correctivos necesarios. Si el crecimiento fue moderado, corresponde explicar las causas estructurales. Si la deuda absoluta crece pese a la mejora relativa, debe asumirse con honestidad. Si proyectos emblemáticos o reformas pendientes como la Ley de Hidrocarburos o avances en infraestructura clave no han avanzado al ritmo prometido, la sociedad tiene derecho a conocer las razones y los plazos reales.
La confianza democrática se construye con hechos consistentes, no con discursos anuales de renovación optimista. Lo incumplido no se diluye con el tiempo: se acumula y erosiona la credibilidad. El país necesita un gobierno que dialogue con franqueza, reconozca desafíos y proponga soluciones concretas. Solo así se fortalece el pacto social que sustenta la gobernabilidad.
