Por Endy Jhoan Rosa
Uno de los recursos más peligrosos del poder cuando se ve acorralado es refugiarse en el pasado. En los últimos días, frente a los cuestionamientos sobre el manejo de recursos públicos en SeNaSa y otros escándalos que rodean al Estado, el discurso oficial ha recurrido a una narrativa repetida y cuidadosamente difundida: “antes no se investigaba”, “antes no se condenaba a nadie”, “antes todo se escondía”. Ese argumento, además de gastado, es profundamente irresponsable.
Porque no votamos por una comparación histórica. Votamos por un cambio.
Resulta inaceptable que, ante denuncias claras de corrupción, sectores del oficialismo pretendan adoctrinar a sus propios militantes y simpatizantes con la idea de que hoy se puede fallar, se puede robar o se puede abusar del poder, siempre y cuando luego se “actúe mejor que antes”. Ese razonamiento no solo normaliza la corrupción; la justifica.
El país no eligió un gobierno para que hiciera lo mismo que criticó, pero con un mejor departamento de comunicación. El pueblo dominicano no pidió un Estado que se excuse, sino un Estado que prevenga, asuma responsabilidades y rinda cuentas sin rodeos. Cuando un caso de corrupción estalla, la respuesta no puede ser mirar hacia atrás ni señalar a gobiernos anteriores como escudo moral. Eso no es liderazgo; es evasión.
Peor aún es ver a dirigentes y voceros partidarios salir en defensa de lo indefendible. En lugar de cuestionar, exigir explicaciones o pedir disculpas al país, se dedican a repetir una consigna peligrosa: “¿por qué no buscan los casos del pasado?”. Esa pregunta, lejos de ser un argumento, es una confesión de incapacidad o de falta de voluntad política. Están en el gobierno. Tienen el control institucional. Tienen acceso a los expedientes, a los archivos, a los organismos de control. Si existen casos del pasado, que se investiguen y que se sometan ante una justicia verdaderamente independiente.
Eso fue lo que se prometió.
La impunidad no es un patrimonio exclusivo de los gobiernos anteriores. Hoy también se manifiesta cuando los casos se diluyen, cuando las investigaciones se anuncian y luego se archivan, cuando los responsables no aparecen, cuando las destituciones sustituyen a los procesos judiciales, o cuando los funcionarios cuestionados son removidos discretamente y enviados fuera del país. Eso también es impunidad, aunque se disfrace de “gestión responsable”.
El problema de fondo es más grave: se está intentando instalar en la conciencia colectiva la idea de que robar sigue siendo posible, siempre que, al ser descubierto, el gobierno “actúe mejor que antes”. Esa lógica es devastadora para la ética pública y corrosiva para la democracia. El cambio prometido no fue un cambio en la forma de explicar los escándalos, sino un cambio en la forma de gobernar.
No se puede seguir administrando el presente con la culpa del pasado. Cada gobierno es responsable de sus actos y de sus omisiones. Escudarse en lo que ocurrió antes no limpia los errores actuales ni borra las irregularidades presentes. Al contrario, las agrava, porque demuestra que se aprendió más a justificar que a transformar.
La ciudadanía no exige perfección, pero sí coherencia. No exige gobiernos sin errores, pero sí gobiernos que no los normalicen. Cuando se votó por un cambio, se votó por ruptura, no por continuidad maquillada. Se votó para erradicar prácticas, no para explicarlas mejor. Se votó para acabar con la impunidad, no para repartirla en el tiempo.
El discurso del “antes” ya no sirve. Ya no convence. Ya no excusa.
Hoy gobiernan otros, con el mismo deber y con una responsabilidad mayor: no parecerse a aquello que prometieron superar.
Porque el cambio no puede ser selectivo.
No puede ser discursivo.
Y mucho menos puede construirse sobre la tolerancia al error ético.
Si el cambio no es general, no es cambio.
Y si la impunidad persiste, aunque tenga otro relato, el fracaso será histórico.
Dios nos perdone.
