Por: Endy Jhoan Rosa.
En un contexto marcado por la escalada de tensiones en Medio Oriente, con el consiguiente repunte del precio internacional del petróleo por encima de los 100 dólares el barril, la República Dominicana enfrenta una vez más el desafío de conciliar estabilidad macroeconómica, protección social y sostenibilidad fiscal. A febrero de 2026, la deuda pública consolidada alcanza los US$80.670,2 millones, equivalente al 59,4 % del PIB, según datos oficiales del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES) y el Ministerio de Hacienda. Frente a este escenario, el Gobierno ha optado por mantener subsidios millonarios a los combustibles, RD$1.793 millones solo en la semana del 11 al 17 de abril de 2026, tras haber destinado más de RD$11.500 millones en todo 2025 y realizar ajustes graduales en los precios de las gasolinas y el gasoil. Pero, ¿es esta la estrategia más adecuada desde una perspectiva politológica? ¿O se trata de una respuesta paliativa que posterga decisiones estructurales y recae desproporcionadamente sobre un sector específico de la sociedad?
Desde el punto de vista del análisis político, el manejo de la crisis actual revela una tensión clásica entre el rol redistributivo del Estado y los límites de la responsabilidad fiscal. El subsidio a los combustibles, aunque presentado como medida de protección social, opera como un instrumento regresivo en la práctica. Beneficia de manera desproporcionada a los sectores con mayor consumo vehicular —incluidos los más acomodados—, mientras el financiamiento recae en el presupuesto general, es decir, en los contribuyentes que sí pagan impuestos completos. La clase media, ese segmento que representa la columna vertebral del consumo interno y de la recaudación tributaria (a través del ITBIS, el ISR y las contribuciones a la Seguridad Social), termina subsidiando tanto a los más pobres —vía transferencias y congelamiento del GLP— como a los más ricos —vía exoneraciones y regímenes especiales que superan los RD$393.000 millones en el presupuesto 2026—. Es una paradoja fiscal que no es nueva en la región, pero que adquiere mayor relevancia en momentos de presión externa.
El Gobierno ha enfatizado el “sacrificio compartido” y ha justificado los subsidios como herramienta para evitar un traslado directo de la inflación a los hogares. Sin embargo, desde una óptica politológica inspirada en la teoría de la elección pública, surge una pregunta incómoda: ¿dónde reside la austeridad cuando se trata del gasto propio del Estado? No se observan reducciones significativas en la nómina pública, ni recortes visibles en viáticos, alquileres de estructuras innecesarias, publicidad gubernamental o el uso intensivo de vehículos oficiales con escoltas y combustible ilimitado. La oposición, particularmente el PLD, ha exigido un plan nacional de austeridad que incluya precisamente esas medidas: priorización estricta del gasto corriente, eliminación de excesos y revisión de programas de baja efectividad. Hasta ahora, la respuesta oficial se ha centrado en ajustes graduales de precios y reasignaciones presupuestarias, sin una declaración formal de estado de austeridad pública que empiece por los altos cargos.
Esta ausencia de austeridad “por arriba” genera un efecto de desconfianza institucional. En términos politológicos, se trata de un problema de accountability: el ciudadano percibe que el Estado exige sacrificios a la sociedad civil mientras mantiene intactos sus propios privilegios. Los funcionarios continúan desplazándose en caravanas que consumen combustible a gran escala, y persisten regímenes de exoneraciones fiscales que benefician a grandes grupos económicos. Mientras tanto, la clase baja recibe subsidios focalizados —necesarios, sin duda, para mitigar pobreza extrema—, pero la clase media, sin acceso a esas protecciones ni a los beneficios de la élite, asume el costo real: mayor gasto en transporte, encarecimiento de la canasta familiar y menor poder adquisitivo. Es ella la que, en última instancia, financia el equilibrio social sin recibir un alivio proporcional.
¿Qué debería hacer el Gobierno desde una perspectiva de buena gobernanza? En primer lugar, declarar y ejecutar un verdadero estado de austeridad que comience por el Ejecutivo: reducción de la nómina superflua, congelamiento de salarios y beneficios en altos cargos, eliminación de escoltas innecesarias y revisión exhaustiva de las exoneraciones fiscales. En segundo lugar, avanzar hacia una reforma tributaria progresiva que distribuya la carga de manera más equitativa, gravando con mayor intensidad a los ingresos altos y a las rentas de capital. Tercero, fortalecer la transparencia mediante auditorías públicas trimestrales del gasto en privilegios y subsidios, permitiendo que la ciudadanía fiscalice en tiempo real. Estas medidas no solo aliviarían la presión sobre las finanzas públicas —cuyos intereses ya representan una carga significativa—, sino que reforzarían la legitimidad democrática del Estado.
El pueblo dominicano, por su parte, no está condenado a la pasividad. En un sistema democrático consolidado, la participación cívica es el contrapeso natural al poder. Organizaciones de la sociedad civil, cámaras de comercio, colegios profesionales y la propia clase media organizada pueden exigir, a través de mecanismos institucionales, la rendición de cuentas: peticiones formales ante el Congreso, seguimiento presupuestario y, sobre todo, un voto informado en los próximos ciclos electorales. La presión pacífica y documentada ha demostrado, en otros contextos latinoamericanos, ser efectiva para corregir rumbos fiscales. No se trata de confrontación, sino de exigir coherencia entre el discurso de la responsabilidad compartida y la práctica administrativa.
En última instancia, esta coyuntura invita a una reflexión más profunda sobre el modelo de Estado que queremos construir. La dependencia de subsidios reactivos ante shocks externos —ya sean geopolíticos o energéticos— evidencia la vulnerabilidad estructural de una economía importadora de combustibles. La verdadera sostenibilidad no radica solo en mantener la deuda por debajo del 60 % del PIB, sino en generar confianza institucional y equidad social. Si el Gobierno opta por continuar con la austeridad selectiva, corre el riesgo de erosionar el apoyo de ese sector medio que sostiene la economía real. Por el contrario, una gestión responsable —que empiece por casa y distribuya con justicia la carga— podría transformar la crisis en oportunidad para fortalecer las instituciones y la cohesión nacional.
La historia reciente de República Dominicana muestra que las crisis externas no determinan el destino; lo define la capacidad del liderazgo político para priorizar el interés colectivo sobre el corto plazo. Hoy, más que nunca, la clase media dominicana espera no solo subsidios temporales, sino un Estado que actúe con la misma disciplina que exige a sus ciudadanos.
