Por Endy Jhoan Rosa
La República Dominicana ha sostenido por años un discurso aparentemente inofensivo: “hay que proteger las montañas”. Sin embargo, detrás de esa frase se ha escondido un vacío histórico: la falta de una política real para los territorios que producen el agua del país, alimentan las ciudades y sostienen gran parte de la economía agrícola nacional.
Hoy, ese vacío es confrontado con el Proyecto de Ley que declara la Región de las Altas Cumbres como Zona Estratégica de Desarrollo y Resiliencia Territorial, sometido por la diputada Gabriela María Abreu Santos, con base técnica del especialista Darlin Tiburcio Jiménez.
La iniciativa ha reabierto un debate necesario: ¿qué hemos hecho realmente por las zonas de mayor valor hídrico, ecológico y productivo de la nación?
¿Qué son “Las Altas Cumbres”? Un concepto mal explicado por el Estado, pero fundamental para entender el país
Para quienes no están familiarizados con el término —y que no tienen por qué estarlo, porque nunca ha sido bien socializado— las Altas Cumbres no son una metáfora ni un slogan turístico.
Son las zonas más elevadas de la Cordillera Central: Constanza, Jarabacoa, Tireo, La Sabina, Manabao y Buena Vista. Allí nacen los ríos Yaque del Norte, Yaque del Sur, Nizao, Yuna y otros que sostienen presas, acueductos y sistemas de riego.
Desde esa región se produce gran parte de los vegetales de clima frío, flores, frutales y rubros esenciales para la seguridad alimentaria.
Pese a todo esto, el Estado ha invertido menos en planificación territorial de montaña que en campañas publicitarias sobre “proteger el agua”.
Investigación y antecedentes: un territorio rico sostenido por políticas pobres
Un análisis comparado de los últimos 20 años revela que la región ha sido sometida a:
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restricciones altitudinales improvisadas,
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falta de ordenamiento territorial,
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presiones agrícolas sin regulación científica,
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un turismo creciente pero sin normas claras,
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ausencia histórica de un fondo exclusivo para territorios de montaña.
Expertos en ordenamiento territorial han advertido que la falta de planificación ha tenido un costo: pérdida de suelos, erosión, tensiones entre comunidades y autoridades ambientales, y conflictos entre productores, ambientalistas y el propio Estado.
La resolución del 2017 que prohibió construcciones por encima de los 1,300 metros, aunque inspirada en la protección ambiental, creó —según análisis de campo— un clima de inseguridad jurídica donde “todo está prohibido para los de abajo y todo es posible para los de arriba”.
El nuevo proyecto intenta corregir esa asimetría.
¿Qué propone la ley? Una reorganización profunda del territorio
La pieza legislativa introduce elementos que el país no había visto integrados en un solo marco legal:
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Un Plan Especial de Desarrollo con enfoque científico.
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Un Fondo Regional de Inversión, con capacidad de captar recursos internacionales.
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Reconocimiento legal de la Mancomunidad de las Altas Cumbres, una estructura que surge desde los gobiernos locales, no desde los ministerios.
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Un Observatorio Territorial para monitorear cumplimiento y transparencia.
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Incentivos para agricultura sostenible, ecoturismo regulado y protección hídrica.
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Revisión técnica de las restricciones altitudinales, evitando arbitrariedad.
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Veeduría comunitaria obligatoria.
Esto coloca a la región en una categoría que en otros países —como Colombia, Chile o Costa Rica— existe desde hace años: territorios estratégicos de montaña protegidos mediante planificación y no mediante prohibiciones desordenadas.
El punto más polémico: la altura
La discusión más controversia gira en torno a la construcción por encima de los 1,300 metros.
Pero la propuesta no elimina la protección: la convierte en un proceso técnico y participativo, donde intervengan el ordenamiento territorial, el Ministerio de Medio Ambiente, los ayuntamientos, la Mancomunidad y las comunidades locales.
No se trata de abrir la puerta a urbanizaciones masivas.
Se trata de permitir proyectos ecoturísticos y agroecológicos de bajo impacto —los que hoy en día funcionan en casi todos los países con territorios de montaña—.
La evidencia internacional muestra que prohibir indiscriminadamente no protege más, sino que fomenta ilegalidad, clientelismo y abandono estatal.
La oportunidad: convertir la montaña en un modelo, no en un símbolo vacío
Las Altas Cumbres pueden convertirse en el primer territorio del país con:
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planificación real de montaña,
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control institucional organizado,
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proyectos priorizados en el Presupuesto Nacional,
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un régimen de resiliencia climática,
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desarrollo ecoturístico regulado en lugar de desordenado,
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participación comunitaria vinculante.
En pocas palabras: un modelo que podría replicarse en otras zonas críticas como Bahoruco, San José de las Matas o Padre Las Casas.
El país tiene que decidir si quiere discurso ambiental o política pública ambiental
La aprobación de esta ley no debería trastocarse por intereses particulares. Las montañas no votan, pero sostienen a quienes votan.
Sin agua, sin suelos, sin bosques y sin agricultura de montaña, la República Dominicana está condenada a enfrentar una crisis ambiental y alimentaria que costará más de lo que hoy cuesta planificar.
Invertir en las Altas Cumbres no es un lujo, es un seguro de vida nacional.
La diputada Gabriela Abreu y el técnico Darlin Tiburcio han ofrecido un punto de partida sólido.
Corresponde al Congreso decidir si quiere ser parte del problema o parte de la solución.
La montaña no pide privilegios; pide respeto
Quien ha caminado esos terrenos lo sabe:
la montaña no grita, pero sostiene.
No exige, pero alimenta.
No amenaza, pero avisa.
Y hace tiempo que Las Altas Cumbres están avisando.
